Combatir la especulación.

En les Illes Balears, en la actualidad y de forma desmesurada, se construyen más viviendas que nunca. Sin embargo no somos capaces de ofrecer viviendas, a precios asequibles, a una parte importante de la población. Todo ello hasta el punto de que ésta es la primera preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas y en cambio no goza del mismo rango dentro de las prioridades de nuestras instituciones. Unas islas tan prósperas es obligado que muevan cielo y tierra para intentar garantizar a toda su ciudadanía, tal y como ordena el artículo 47 de la Constitución, el acceso a una vivienda digna; viviendas con precios que no supongan esfuerzos imposibles respecto de sus sueldos y salarios. Esfuerzos que, en muchos casos, implican hacer trizas los presupuestos familiares de gran parte de las clases medias; con el triste resultado de eliminar, de los mismos, la inversión en otros bienes, también, básicos o de primera necesidad.
Las administraciones no se pueden permitir aparcar una cuestión tan importante recurriendo al argumento simplista de que ésta problemática no tiene arreglo; sobre todo cuando son las propias instituciones las que tienen la potestad de regular y planificar el urbanismo y evitar unos precios finales obesos de especulación. Una especulación que según el artículo 47 de la Constitución debe ser combatida firmemente por todas las instituciones. Una lacra que permite a unos llenar sacos de dinero en cuestión de meses, mientras los demás necesitan cuarenta años para pagar la hipoteca. Un verdadero terrorismo social que algunas instituciones no sólo no combaten si no que con sus políticas, por desgracia, le allanan el camino.