Sistema de financiación.

La posibilidad, apuntada por algunos medios, de retrasar el debate sobre financiación autonómica, desde la óptica de Les Illes Balears, sería una muy mala noticia.
Nuestra Comunidad se ha visto perjudicada por un sistema que no atiende a su población real, con el agravante de ser uno de los territorios donde ésta ha experimentado mayores aumentos. Si a ello sumamos la actual bajada de la recaudación de los impuestos relacionados con el sector inmobiliario, y el desproporcionado endeudamiento que nos han dejado los anteriores gobernantes, el balance es muy negativo, y ofrece un margen de maniobra limitadísimo. Situación que dificulta políticas imprescindibles para la modernización y la cohesion de nuestra sociedad.
Retrasar la reforma del sistema significaría seguir acumulando déficit en servicios básicos para la ciudadanía, como lo son la educación o la salud, entre otros, y no atender, como es debido, a las necesidades de nuevas infraestructuras escolares o sanitarias, por ejemplo; construcción de infraestructuras: imprescindibles para ofrecer unas prestaciones de calidad y muy convenientes para paliar las dificultades del sector de la construcción.
Les Illes Balears gestionan multitud de competencias, muy relevantes a la hora de incentivar el sector de la construcción (vivienda, infraestructuras sociales de todo tipo, transporte, carreteras…) e imprescindibles para fomentar la economía (turismo, agricultura, industria, comercio…). Competencias que sin una financiación adecuada es impensable que puedan afrontar con garantías, no ya, un sobre esfuerzo, si no sus necesidades más imperiosas.
En circunstancias como las actuales es muy importante la rapidez. En esta línea sería muy conveniente acelerar el debate sobre financiación y los convenios que en materia de infraestructuras restan pendientes de firma. Y, a la vez, condicionados a las supervisiones y controles pertinentes, permitir, en dichos convenios, las oportunas delegaciones de adjudicación de obras. La proximidad se traduce, normalmente, en mayor celeridad a la hora de contratar.
Sin duda, el Estado debe establecer las grandes directrices y políticas económicas, pero sin olvidar que el nuestro es un Estado de las Autonomías, con una inmensa descentralización que implica una estrecha colaboración entre todas las instituciones intervinientes, mayormente, cuando la incertidumbre afecta a determinados sectores económicos.
Una negociación multilateral, como es el caso de la reforma del sistema de financiacion, debido a las distintas realidades y posiciones de las Comunidades Autónomas, no será ni fácil ni breve, motivo más que suficiente para que no se pierda tiempo.